La Consejería de Fomento y Vivienda ha comenzado a tramitar en los primeros seis meses de este año en Andalucía 56 expedientes sancionadores a taxis piratas por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización o por ofertar y publicitar este tipo de servicios irregulares por diferentes vías.

Estos procedimientos se derivan de la labor inspectora que desarrollan la Junta de Andalucía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera. De ese conjunto, 18 ya se han resuelto con la imposición de sanción y 38 se encuentran en trámite, según la información facilitada por la Administración andaluza.

Por provincias, Almería ha registrado de enero a junio de 2015 el mayor número de sanciones, con un total de 17; seguida de Cádiz, con 15 expedientes tramitados y Málaga, con diez. A continuación, se sitúan Sevilla, con ocho infracciones castigadas; Huelva, con tres; Granada, con dos; y Jaén, con uno. En Córdoba durante este periodo no se han abierto procedimientos de este tipo.

De acuerdo con la normativa vigente en la comunidad, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, si la irregularidad se produce en desplazamientos que se desarrollan íntegramente en Andalucía. Sin embargo, si la infracción cometida en territorio andaluz hace referencia a viajes que abarcan a otras comunidades autónomas, el régimen sancionador que se aplica es el estatal, que eleva las multas a los 4.001 euros.

En el caso de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla la mayoría de los castigos económicos se han fijado el régimen autonómico, con 1.380 euros cada una y para ello se ha tenido en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social.

Por su parte, en las provincias de Huelva y Jaén el régimen de aplicación ha sido el estatal y, por tanto, se han impuesto sanciones de 4.001 euros cada una. No obstante, este sistema también se ha fijado para algunos expedientes de Almería, Cádiz, Granada y Sevilla.

Desde el 31 de diciembre de 2014, este tipo de sanciones va acompañado, además, de la inmovilización del vehículo infractor hasta el abono de dicha cuantía. Esta medida se recoge en el Decreto Ley 17/2014 para la adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo aprobado por Consejo de Gobierno y que supone una modificación del marco normativo existente -la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros- para reforzar el control del intrusismo en el taxi.

La iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, permite articular medidas más ágiles y eficaces como es el caso de la inmovilización en el acto del vehículo infractor para permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la correspondiente sanción o la prestación de una garantía de pago (caución) por una entidad autorizada.

Hasta ahora la retención se mantenía únicamente hasta el momento en el que los viajeros abandonaban el vehículo, lo que en la práctica convertía la medida en ineficaz, ya que los taxis pirata podían seguir la marcha tras ser multados y cargar nuevos pasajeros.

Este cambio normativo mejora así la cobertura legal de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra este fenómeno y tiene especial repercusión en el caso de las policías locales, ya que el 90% de los servicios ilegales de transporte se prestan sin salir de los términos municipales.